Las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno Nacional tienen el objetivo  que la gente pueda sacar sus ahorros en moneda extranjera (dólares) y depositarlos en un banco o destinarlo en un algún tipo de operación, de modo que vuelvan a insertarse en la circuito financiero, con la característica principal de exteriorizar esos ahorros, pero aclarando desde el Ejecutivo que no es un blanqueo de dólares, y en ese sentido se recurrió a un DNU para dotar de herramientas al Banco Central que regula el mercado cambiario y al ARCA (ex AFIP) para definir el mecanismo para su puesta en marcha, según lo aseveró la Presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, CPN Blanca Juárez en una entrevista con Panorama Jujeño.

En ese aspecto, remarcó que paralelamente se instrumentó los procesos de acreditación de licitud de fondos para determinados tipos de operaciones, siempre con un techo y un límite de los 50 o 100 millones o 50.000 o 100.000 dólares, ya que cuando se hace mención a la cuestión de exteriorizar plata sin dar explicaciones lo primero que se vincula pasa por el lavado de activos o una actividad ilícita, por lo que la idea no es ir hacia ese espacio sino beneficiar al pequeño ahorrista, que adquirió dólares cuando existía el cepo cambiario.

Sostuvo que el Gobierno Nacional pretende que la gente saque esos ahorros en dólares, que no fueron obtenidos fruto de alguna evasión fiscal o algún tipo de privilegios,  pero a  su vez la contracara de la medida pasa porque se genere movimiento en el circuito financiero, sin emitir dinero y manteniendo el déficit cero y sobre se puedan mantener los índices de inflación que siguen a la baja.

La contadora Juárez explico que buscan que dicho DNU se convierta  en Ley para darle las garantías o seguridad jurídica a la gente que pueda disponer de esos fondos sin temor  a un nuevo cepo cambiario o que se retrotraiga esa medida, de acuerdo a la continuidad o no del gobierno.

Indicó que si bien es una medida del Gobierno Nacional las provincias tienen la autonomía de adherir o no a esas medidas económicas, a través de sus rentas provinciales para presumir o no si ello forma parte de una base imponible de impuestos, es decir pueden determinar si esos recursos fueron fruto de una evasión fiscal o no, aunque para las trabajadores en relación de dependencia no gravita tanto, ya que se entiende que dichos son productos de ahorros de años, concluyó.