En el marco de sus políticas de regulación, control y promoción del juego responsable, el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) suscribió este 30 de abril un convenio de cooperación interinstitucional junto a la Suprema Corte de Justicia y la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA), orientado a restringir el ingreso a salas de juego y casinos a personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
La iniciativa se inscribe en una mirada integral que articula el rol del Estado en la protección de derechos con las políticas específicas del organismo, consolidando herramientas concretas que vinculan el juego responsable con la responsabilidad social. En este sentido, el acuerdo establece mecanismos de intercambio de información y dispositivos técnicos de control que permitirán impedir el acceso a quienes incumplen obligaciones alimentarias, priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Desde INPROJUY se destacó que esta medida fortalece los ejes estratégicos del organismo en materia de prevención del juego problemático y lucha contra el juego ilegal. La implementación de restricciones de ingreso no solo promueve prácticas de juego más responsables, sino que también posiciona a las salas habilitadas como espacios regulados, seguros y comprometidos con el bienestar social.
Asimismo, el convenio se articula con el sistema de autoexclusión vigente en la provincia, ampliando su alcance mediante la incorporación de criterios objetivos vinculados a situaciones judiciales específicas. Esta integración de herramientas permite avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, donde el control, la prevención y la concientización funcionan de manera complementaria.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los poderes del Estado para abordar esta problemática, señalando que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias impacta directamente en la calidad de vida de las familias, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, la Dra. Mercedes Arias, directora de la ONNA, remarcó la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de la normativa vigente, destacando el valor de la articulación institucional para brindar respuestas concretas desde el sistema de justicia.
En representación de INPROJUY, su presidente, Lic. Walter Morales, expresó que este convenio “refuerza el compromiso del organismo con una gestión responsable del juego, incorporando herramientas que contribuyen al orden social y al cumplimiento de obligaciones fundamentales, como lo es la asistencia alimentaria”.
La firma contó además con la presencia de autoridades del Poder Judicial, del Ejecutivo provincial y equipos técnicos de las instituciones intervinientes, quienes avanzarán en la definición de protocolos para la implementación operativa de la medida.
Con esta acción, INPROJUY reafirma su rol como organismo rector en la regulación del juego en la provincia, promoviendo políticas públicas que integran control, prevención y responsabilidad social, en línea con una gestión moderna y comprometida con la comunidad.