El Gobierno de Jujuy tuvo que cumplir una vez más con el pago de intereses de parte de la deuda contraída para financiar la construcción del parque solar Cauchari.
Se trata de los 210 millones de dólares que el gobierno solicitó en septiembre de 2017 en la bolsa de Nueva York, mundialmente conocida como Wall Street, por su ubicación.

Para obtener tal financiamiento utilizó como herramienta un instrumento que se conoció como “bono verde”, por contar con la particularidad de que el dinero se invertiría en un proyecto de producción de energía renovable.
En aquella oportunidad la provincia fue evaluada por las agencias calificadoras de riesgo y obtuvo como calificación “B-”, lo que determinó que el interés que se asumió pagar por el préstamo fuera de 8,6%.
Para tener un parámetro, la mayor calificación es “AAA”, para deudores que representan muy bajo riesgo de incumplimiento y por lo tanto pagan intereses más bajos.
Lo cierto es que ese interés asumido significa un costo de 18 millones de dólares anuales, que se abonan en dos cuotas semestrales, los días 20 de marzo y septiembre.
Aunque el gobierno no tiene como hábito comunicarlo formalmente, Jujuy al momento pudo saber que el pasado 18 de marzo se realizó el giro correspondiente para honrar el compromiso de pago con los inversores y se completó así la quinta cuota desde que se contrajo la deuda.
Durante este período, el gobierno se ve obligado a pagar sólo los intereses generados en la operación, ya que obtuvo cinco años de gracia para devolver todo el capital, de manera que en septiembre de 2022 habrá que cancelar los 210 millones de dólares.
En este punto el gobierno atraviesa por una situación que augura un problema a futuro. Todas las previsiones fueron hechas bajo el supuesto de que el parque solar Cauchari comenzaría a operar en junio de 2018, y las deudas contraídas se pagarían con la facturación de dicho emprendimiento.
Sin embargo, a casi dos años de esa fecha, el parque aún no logra el comienzo de su actividad productiva, por lo que no logró facturar un solo peso.
Antes de que se desate la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, el gobernador Gerardo Morales evitaba referirse al tema, pero en ocasiones aseguraba estar esperando señales del ámbito nacional.
“Estamos esperando a CAMMESA para empezar a vender”, señaló Morales aludiendo a la empresa mayorista que se comprometió, durante la presidencia de Mauricio Macri, a adquirir la energía que Cauchari produzca.
El parque solar fue inaugurado parcialmente en octubre de 2019, aun cuando la obra se encontraba inconclusa. El compromiso para la terminación total se fijó para enero de 2020.
El retraso de la obra pone en duda la capacidad de pago del gobierno provincial en el año 2022.
La facturación prevista, según los inestables números que los funcionarios declaran periódicamente, será de 60 millones de dólares anuales.
Aun cuando la producción y venta de energía comenzará en lo inmediato y tal facturación se destinará íntegramente – algo inverosímil – al ahorro con el objetivo de recaudar el dinero que habrá que devolverles a los inversores de Wall Street en 2022, los plazos no cierran.
En tres años el parque produciría 180 millones de dólares, y el capital a devolver es de 210 millones de dólares.
Hay otro detalle inquietante: las pruebas técnicas realizadas calcularon un volumen de producción que sólo permitiría vender energía por 42 millones de dólares al año.
Aún con todos estos interrogantes nunca despejados el gobierno avanzó en la toma de más deuda, la que, aseguran, que pagará precisamente con los dividendos que genere Cauchari.
Así surgió el crédito educativo por 100 millones de dólares que firmó recientemente el gobernador Gerardo Morales en la quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y el Banco de Desarrollo de América Latina.
Fuente: Nuevas Energías Renovables online