Desde la Coalición Cívica ARI en Jujuy se presentó una denuncia de ilegitimidad ante Fiscalía de Estado en función de promover que el Pucara de Tilcara, que a hoy pertenece a la Universidad Nacional de Buenos Aires, vuelva a ser de los jujeños luego de 75 años. Para ello, en una estrategia jamás vista para el tratamiento del caso, el Estado Provincial deberá constituirse como demandante, según lo afirmo el referente de ese sector, José María Albizo Cazón en dialogo con Panorama Jujeño.

Pasaron 75 años de la Ley Provincial N° 1.903 de 1948, que refirió a la donación por parte de la Provincia de Jujuy de las Ruinas del Pucará de Tilcara y demás tierras circundantes, a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Tiempo en el cual también surgieron distintas propuestas, sin éxito, para buscar recuperar éstas tierras en favor de los jujeños.

En esta oportunidad, la iniciativa del Lic. Albizo Cazón, absolutamente distintas a las que le antecedieron, refiere a que sea el propio Estado Provincial el interviniente, en primer término, promoviendo éste arbitre los medios para anular la norma provincial que fuera sancionada en 1948, ello bajo dos alternativas posibles, una ley posterior que cercene las disposiciones de la Ley N° 1.903 o bien la declaración de inconstitucionalidad de dicha, debido a él advertir vicios que atentaron contra la Constitución Provincial de 1935, vigente a la época. “A los jujeños, lo que es de los jujeños”, expresa.

Así mismo, requirió el Estado Provincial se constituya tanto como demandante del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación, como del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, en función de que se intervenga para el inexorable cumplimiento del art. 3 de la Ley Nacional N° 20.579 conforme previsiones de la Ley Nacional N° 21.036, las cuales el Presidente de la CC-ARI denuncia son violentadas desde hace 48 años, en detrimento de los intereses del Pueblo de Jujuy y de la propia Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). Las leyes aducidas preveían que todo instituto dependiente de otras universidades o de organismos oficiales que realicen tareas docentes y de investigación dentro de la provincia, pasen a formar parte de la UNJU.

“Sin embargo, independientemente de la perspectiva técnica de la acusación vertida, la que UD. verá goza de absoluta razonabilidad en su espíritu, por cuanto una norma se ve flagrantemente desoída, y creyendo con claridad meridiana se podrá acusar lo citado ante la justicia, es imprescindible dotar al planteo de algo que es característico de nuestra tierra, y es el profundo valor histórico y cultural que se ha heredado de nuestros antepasados. Y es así, que siendo una provincia con tan rico legado, es sustancial velar por la protección de sus memorias.”, enuncia uno de los párrafos de la denuncia firmada por el joven político, quien además buscará que de retornar el Pucará de Tilcara a nuestras tierras, se puedan abordar diálogos con las comunidades indígenas de la jurisdicción, en función de edificar un obrar colaborativo ante lo que calificó que fue, más allá del agradecimiento que se pudiera tener a la U.B.A. por la búsqueda de restauración del espacio, tanto un grave “atentado a los intereses provinciales” como un “despojo de nuestra cultura”.

Cabe recordar, que en similitud a la presente medida, el Lic. Albizo Cazón había sido autor originario el 03 de enero de 2018 ante el Estado Provincial, de un requerimiento de denuncia por $5.000.000 contra todo organismo público y/o privado, que usara de forma errónea, engañosa y/o confusa los paisajes jujeños; solicitud que derivó en que Fiscalía de Estado por primera vez inicie medidas inhibitorias a los efectos de proteger maravillas naturales locales, como ser el Cerro de los 7 Colores, entre otras.

Albizo Cazon sostuvo que se planteó la inconstitucionalidad de la normativa para que se deje sin efecto la Ley 1903, en base a propios fundamentos de la Constitución provincial de la década del 75, y a su vez que la Provincia se constituya como demandante de los Ministerios de Cultura y  de Educación de  la Nación para dar cumplimiento a la Ley 20 579 art 3, que refiere que toda institución educativa u organismos oficiales  con asiento en Jujuy debe pasar a la órbita de la Universidad Nacional de Jujuy, hecho que hace mucho tiempo no sucede.

El dirigente recalcó que la cuestión debería resolverse a través del Poder Legislativo, el Ejecutivo o directamente desde lo judicial dando lugar a dicho planteo, que sustancialmente es una estrategia acorde a los tiempos que transitamos y los espacios de los jujeños deben ser para los jujeños, concluyó.